Guerra contra el narco, tres presidentes derrotados

Lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, es el mensaje funesto de que nada ni nadie podrá ya parar el poder nacional –y transnacio...

Lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, es el mensaje funesto de que nada ni nadie podrá ya parar el poder nacional –y transnacional- de la delincuencia organizada. El cártel de Sinaloa dio la primera muestra de que ni el Ejercito, la Guardia Nacional ni la Policía Federal tienen la capacidad de reacción inmediata, movilización y logística del personal al servicio de Joaquín Guzmán Loera.

Lo más relevante es que “El Chapo” se encuentra preso y sentenciado a cadena perpetua, más 30  años de prisión. Ello demuestra una gran capacidad de  organización y que, aun desde la cárcel, el control sobre sus subalternos y una perfecta estructura militar les permite enfrentar, con éxito, el poder del Estado mexicano.

Cuando, en diciembre del 2006, Felipe Calderón decidió declarar la guerra al narcotráfico, lo hizo desde la perspectiva de que con el uso de las Fuerzas Armadas era suficiente para vencer a los cárteles asentados en territorio mexicano. Grave equivocación al haber pretendido legitimar su espuria presidencia, lograda desde el fraude electoral, con una guerra, innecesaria, que costó al país 128 mil muertos. No sin razón se bautizó ese exabrupto como la guerra de Calderón. Algo así como una guerra personal, y no de seguridad nacional.

El gobierno de Enrique Peña Nieto también fue un rotundo fracaso ante la fuerza operativa, geopolítica y económica del narcotráfico. Para desafiar el poder presidencial, cuatro cárteles se asentaron en territorio mexiquense: Los Caballeros Templarios, Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) eran preocupantes y terroríficos. En los  gobiernos de Peña Nieto y Eruviel Ávila se documentaron 4 mil asesinatos entre las bandas del narcotráfico y los cuatro cárteles se disputaban 54 de los 125 municipios ante unos ediles y policías municipales con pistolitas de juguete comparadas con el sofisticado armamento de la bien organizada delincuencia organizada.

El reto y el mensaje de las cuatro organizaciones fueron formidables. Como gobernador, Enrique Peña Nieto no pudo terminar con la presencia de quienes se disputaban el territorio del Estado de México. Había que demostrar después que tampoco desde la Presidencia de la República se tenía forma de parar el narcotráfico y las otras actividades ilícitas que se realizan paralelamente. El resultado, 110 mil muertes durante el peñanietismo.

La semana que va del 13 al 20 de octubre fue de proporciones nunca vistas y de desafío a las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional sin capacidad de respuesta.  Primero fue Aguililla, Michoacán, en donde murieron (o más bien asesinaron) 14 policías en una emboscada, cuando se encontraban en un recorrido, aunque informaciones extraoficiales documentan 27 muertos.

Siguió después Acámbaro, Guanajuato, en donde cuatro civiles resultaron muertos y un oficial de la Policía Federal herido. El estado de Guerrero ha sido, tradicionalmente, un espacio geográfico violento y asentamiento de grupos guerrilleros. El día 16 de octubre murieron, en una emboscada, 14 civiles y un militar en la comunidad de Tepochica, Iguala, de donde 43 normalistas desaparecieron desde el 26 de septiembre de 2014, sin rastro hasta la fecha.

La estridencia de los acontecimientos es palpable y la distancia geográfica entre las entidades donde ocurren los hechos delictivos advierten que el territorio nacional tiende a quedar sometido bajo el control de los diversos cárteles. Morelos es un desastre con un gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que es un mal chiste de la política mexicana y que ejerce un gobierno de la patada.  Veracruz, con Cuitláhuac García, que no entiende ni sabe en dónde se encuentra parado. Vergonzoso que porten los nombres que dieron lustre y prestigio al imperio mexica.

Bajo fuego y control se encuentran también Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa. El corredor abarca, entonces, desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico.  Además, el reto a los órganos de seguridad del Estado mexicano es evidente y abierto. Basta con ver en el estado de Michoacán que a la vista de todos circulan camionetas con el logotipo CJNG (Cártel Jalisco nueva generación) y armas más sofisticadas, en una evidente rendición de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la gran derrota y capitulación de las instituciones nacionales se dio, el 17 de octubre, con la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo.” De ese acontecimiento se han dado seis versiones diferentes. Ninguna creíble, y menos la última. Asegura el presidente López Obrador que no estaba enterado cuando se ufana de que todos los días tiene la radiografía del país, sobre todo en materia de seguridad. Lo cierto es que una decisión de ese tamaño sólo puede venir del Presidente de la República.

Quedó en evidencia que el cártel de Sinaloa está mejor preparado, o menos improvisado, que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal. De la liberación de Ovidio Guzmán sólo hay dos escenarios posibles. Que, con anticipación, los servicios de inteligencia del cártel de Sinaloa supieron del operativo para detener al hijo del jefe Joaquín  Guzmán.  El otro escenario es que aun cuando, de improviso, el equipo de seguridad de Ovidio Guzmán se enteró de que pretendían su captura, demostró una enorme capacidad de logística y movilización en apenas unos cuantos minutos para evitar su detención.

Difiere de esa organización el operativo fallido que puso, innecesariamente, en peligro a la población civil cuando el tratar de detenerlo en un restaurante era de inminentes funestas consecuencias. Se habla de que el mando militar y de la Guardia Nacional era de apenas de 200 elementos, en tanto que en minutos se movilizaron 800 guardaespaldas para frustrar la detención de Ovidio Guzmán.

La excusa de López Obrador es que se prefirió la entrega y capitulación sin condiciones para evitar la pérdida de vidas inocentes. En eso siempre se estará de acuerdo. En lo que sí no puede haber justificación es en la forma en que se planeó y pretendió ejecutar una orden de aprehensión con fines de extradición.

Si, por petición del gobierno de Estados Unidos, los preparativos se hicieron apresurados y, desde la improvisación, el resultado ya se conoce. Ejecutar una detención de esas proporciones requiere semanas o, tal vez, meses de preparación para determinar el lugar más adecuado en dónde ejecutar la orden de aprehensión, y no en un lugar concurrido, del cual puede preverse el resultado en pérdida de vidas humanas.

Así, hoy ya no hay posibilidades de detención de Ovidio Guzmán, primero, porque permanecerá oculto y, después, porque el cártel de Sinaloa ya dio una demostración de un poderío hasta el 17 de octubre desconocido. Ampliaremos…

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Tribuna Chihuahua: Guerra contra el narco, tres presidentes derrotados
Guerra contra el narco, tres presidentes derrotados
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